La campaña electoral encara su recta final en España con vistas al 28 de mayo. Los partidos políticos se afanan durante estos días en afinar sus mensajes con la intención de calar en los 35,1 millones de electores de nuestra geografía, llamados a decidir la configuración de 12 gobiernos autonómicos (Aragón, Asturias, Islas Canarias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra y Región de Murcia); dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); y de 8.131 alcaldías, algunas de ellas en ciudades de gran peso en lo económico.

En cuanto a los dos partidos con mayor representación en España, el PSOE defenderá el 28-M su liderazgo sobre un total de nueve comunidades autónomas. Los socialistas lideran en la actualidad tres Gobiernos en solitario (Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) y seis en coalición con otras formaciones (Aragón, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana). A su vez, el PSOE lidera 22 capitales provinciales, entre las que destacan ciudades como Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Valladolid, León, o A Coruña.

Por su parte, el PP aspira a mejorar en estos comicios el que se considera el peor resultado electoral de su historia en el ámbito municipal y autonómico, que tuvo lugar en la cita con las urnas del 2019. En aquel año, los populares no obtuvieron la victoria en ninguna de las doce comunidades autonómicas que tomaron parte en las elecciones. No obstante, las alianzas postelectorales permitieron gobernar en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia. En 2020, superó al PSOE en las autonómicas de Galicia, en 2021 hizo lo propio en la Comunidad de Madrid y en 2022 ganó en Andalucía, mientras que en Castilla y León se impuso por la mínima y tuvo que conformar una coalición con Vox para poder gobernar.

Salta a la vista que el mapa institucional español no será igual a partir del próximo lunes. Los cambios que se produzcan en ayuntamientos, diputaciones o gobiernos regionales afectarán a la ciudadanía en lo relativo a legislación, proyectos o incluso modelo social. Pero también tendrán una incidencia relevante sobre empresas y organizaciones, sujetas, en muchos casos, a las relaciones institucionales como elemento configurador de su día a día.

La idea de trazar un diálogo abierto con gobernantes y autoridades se ha convertido, para muchas organizaciones, en un objetivo indispensable. Construir ese marco fluido basado en la confianza repercute positivamente en el devenir de cualquier actividad profesional, ya que favorece aspectos clave de cara a impulsar planes estratégicos y enriquecer la propia marca. Unas relaciones institucionales sólidas y bien trabajadas brindan importantes ventajas:

Participación en el proceso de toma de decisiones: establecer relaciones con las instituciones permite a empresas, entidades y organizaciones participar en el proceso en decisiones públicas, algo fundamental. Esto, además, puede resultar de suma utilidad para generar visibilidad, apoyo y presencia autonómica y local.

Mejorar la interlocución con el mapa de stakeholders: la mejora de la interlocución entre instituciones, empresas, organizaciones o representantes de la sociedad civil es un objetivo clave para cualquier entidad.

Contextualizar realidades complejas: facilitar a los decisores públicos información técnica y sectorial para que puedan ejercer su labor y comprendan el marco en el que se desenvuelven empresas y organizaciones.

Generación de sinergias: las organizaciones pueden llegar a generar alianzas con actores que operan en esferas distintas a las propias, para que unos y otros conecten sus respectivas necesidades.

Respaldo institucional: los gobiernos regionales y locales pueden brindar apoyo a las organizaciones a través de la colaboración activa en actividades que repercutan en intereses comunes.

Promover el debate: impulsar la conversación sobre asuntos de interés para determinados actores y mejorar la imagen y la reputación de entidades y organizaciones. La colaboración con gobiernos e instituciones contribuye a establecer una imagen sólida y confiable.

Por todo ello, resulta conveniente que las organizaciones no pierdan de vista el nuevo mapa institucional que surgirá en apenas unos días. No solo por el hecho de que los posibles cambios en el tablero político puedan traer impactos directos o indirectos sobre su actividad, también por el inmenso abanico de oportunidades que se abre ante un escenario renovado en la que el juego de roles entre empresas e instituciones está llamado a resultar más determinante que nunca.