El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los lobbies, que vertebra las relaciones entre los grupos de interés y la Administración pública y crea un registro que garantiza la transparencia sobre el conjunto de actividades que realizan los lobbies.

La normativa prevé dar cumplimiento a un compromiso en el plan de recuperación aprobado para la recepción de los fondos Next Generation y supondrá equipara España a otros países de Europa y también a la propia Comisión Europea, que ya cuenta con una regulación en ese sentido.

El avance va en la línea de la histórica petición de los profesionales del sector, que demanda avanzar en la regulación de los procedimientos que permitan mejorar los estándares nacionales en materia de transparencia y calidad democrática en las relaciones entre diputados y grupos de interés en el Congreso.

Entre las organizaciones consideradas como grupos de interés no estarán ni las organizaciones empresariales, ni los sindicatos, tampoco estarán las organizaciones políticas y los colegios profesionales.

Los lobbies deben incluir en el registro su domicilio, su sede, qué reuniones tienen con el personal público –funcionarios y altos cargos– y los ámbitos de interés del grupo.

Los grupos de interés deberán cumplir con un código de conducta y los altos cargos de la administración no podrán realizar actividades relacionadas con el lobby en aquellos asuntos que han sido de su competencia en los dos años siguientes a su cese.